En 2009, el ex diputado Cuauhtémoc Velasco denunció ante Reporte Índigo que desde hacía una década operaba en la Comisión Federal de Electricidad un “cártel de la electricidad”.
Presentó pruebas contundentes de actos de corrupción cometidos por el entonces director de Operaciones Néstor Félix Moreno Díaz.
En 1999, Velasco denunció estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual le costó una campaña de persecución, incluso judicial y alentada desde la CFE, para silenciarlo.
La desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) propició la oportunidad de poner el dedo en la llaga de la corrupción que impera en la CFE, empresa que según el Gobierno Federal es más confiable que LyFC.
La respuesta off the record que dio la paraestatal a Reporte Índigo hace un año fue airada. Desde la oficina del director Alfredo Elías Ayub hubo una defensa incondicional de Moreno Díaz. Se dijo que las denuncias en su contra eran falsas pese a estar documentadas por el órgano interno de control de la propia CFE desde 1999.
Las redes de corrupción desnudadas por una investigación que inició el FBI en 2005 demuestran que Cuauhtémoc Velasco tenía razón.
Sólo que a diferencia del año pasado y obligada por el Gobierno de Estados Unidos, la CFE ahora sí presentó una denuncia contra Néstor Félix Moreno Díaz, a quien primero le dio todas las facilidades para renunciar a su cargo y evadir la acción de la justicia.
Sin duda, Velasco es una fuente de información valiosa para la comisión especial encabezada por el diputado del PRI César Augusto Santiago, la cual pretende indagar a fondo los actos de corrupción de la empresa paraestatal.
Un año después de la denuncia que hizo ante Reporte Índigo, el ex diputado Cuauhtémoc Velasco narra la forma en que Moreno Díaz ha sido protegido.
Orden
Por otra parte, se dio a conocer que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dar a conocer el monto anual recaudado por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) en cada uno de los municipios de la república mexicana, del 2006 al 2009.
En respuesta, la CFE había indicado al particular que solicitó los datos que debía acudir a las instalaciones de cada uno de los centros de atención, debido a que el requerimiento representaba un amplio volumen de información, cuya base registral estaba desconcentrada en las mil 63 agencias nacionales correspondientes.
Es importante recordar que esta semana alcaldes de diversos municipios de Puebla se quejaron por la discrecionalidad con la que la CFE impone las tarifas de electricidad y marca los adeudos, lo que llevó al municipio de Atlixco a endeudarse y perder el servicio.
El recurrente de la solicitud presentó recurso de revisión ante el IFAI, en el cual manifestó su inconformidad por la modalidad en la que el sujeto obligado daría acceso a la información.
En alegatos, la CFE reiteró que la información está disponible a través de una consulta in situ y agregó que no cuenta con un sistema informático que concentre los datos a nivel nacional, ya que los convenios para la facturación del alumbrado público se establecen en cada municipio y, por tanto, el monto recaudado es responsabilidad de éste.
En el análisis, la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard determinó que a pesar de que se trata de información de todos los municipios del país, el particular requiere un dato específico —el monto recaudado por concepto del DAP—, el cual no representa un número exorbitante de documentos, como señaló la CFE.
En 1999, Velasco denunció estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual le costó una campaña de persecución, incluso judicial y alentada desde la CFE, para silenciarlo.
La desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) propició la oportunidad de poner el dedo en la llaga de la corrupción que impera en la CFE, empresa que según el Gobierno Federal es más confiable que LyFC.
La respuesta off the record que dio la paraestatal a Reporte Índigo hace un año fue airada. Desde la oficina del director Alfredo Elías Ayub hubo una defensa incondicional de Moreno Díaz. Se dijo que las denuncias en su contra eran falsas pese a estar documentadas por el órgano interno de control de la propia CFE desde 1999.
Las redes de corrupción desnudadas por una investigación que inició el FBI en 2005 demuestran que Cuauhtémoc Velasco tenía razón.
Sólo que a diferencia del año pasado y obligada por el Gobierno de Estados Unidos, la CFE ahora sí presentó una denuncia contra Néstor Félix Moreno Díaz, a quien primero le dio todas las facilidades para renunciar a su cargo y evadir la acción de la justicia.
Sin duda, Velasco es una fuente de información valiosa para la comisión especial encabezada por el diputado del PRI César Augusto Santiago, la cual pretende indagar a fondo los actos de corrupción de la empresa paraestatal.
Un año después de la denuncia que hizo ante Reporte Índigo, el ex diputado Cuauhtémoc Velasco narra la forma en que Moreno Díaz ha sido protegido.
Orden
Por otra parte, se dio a conocer que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dar a conocer el monto anual recaudado por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) en cada uno de los municipios de la república mexicana, del 2006 al 2009.
En respuesta, la CFE había indicado al particular que solicitó los datos que debía acudir a las instalaciones de cada uno de los centros de atención, debido a que el requerimiento representaba un amplio volumen de información, cuya base registral estaba desconcentrada en las mil 63 agencias nacionales correspondientes.
Es importante recordar que esta semana alcaldes de diversos municipios de Puebla se quejaron por la discrecionalidad con la que la CFE impone las tarifas de electricidad y marca los adeudos, lo que llevó al municipio de Atlixco a endeudarse y perder el servicio.
El recurrente de la solicitud presentó recurso de revisión ante el IFAI, en el cual manifestó su inconformidad por la modalidad en la que el sujeto obligado daría acceso a la información.
En alegatos, la CFE reiteró que la información está disponible a través de una consulta in situ y agregó que no cuenta con un sistema informático que concentre los datos a nivel nacional, ya que los convenios para la facturación del alumbrado público se establecen en cada municipio y, por tanto, el monto recaudado es responsabilidad de éste.
En el análisis, la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard determinó que a pesar de que se trata de información de todos los municipios del país, el particular requiere un dato específico —el monto recaudado por concepto del DAP—, el cual no representa un número exorbitante de documentos, como señaló la CFE.
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